Ayer por la tarde se registró un intento de motín en el penal de Cuautitlán, debido a la suspensión de visitas familiares, con base en el protocolo de actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, para contener la pandemia del COVID-19.
Foto: Silvia Chávez
Familiares acudieron al Centro de Readaptación Social, para exigir a gritos información sobre la salud de los presos. Fue desplegado un grupo de policías antimotines que desalojaron a los inconformes del acceso del penal, protagonizando jaloneos.
«El protocolo señala como medida preventiva disminuir a menos del 50 por ciento las visitas familiares en todos los penales del Estado de México desde el mes de marzo, y una vez que se detecta un caso positivo de COVID-19 en cualquiera de éstos, se suspende en automático la visita familiar como ocurrió en Cuautitlán», explicó la secretaria de seguridad estatal Maribel Cervantes Guerrero.
El protocolo contra COVID-19 incluye a los 22 centros penitenciarios del estado, y hasta el momento se reportan cuatro casos positivos, junto con un custodio y 14 reos sospechosos de infección, todos ellos del penal de Cuautitlán.
La secretaria confirmó que éstas personas fueron trasladadas el día de ayer al Centro Penitenciario Neza-Norte, el cual ya había sido habilitado como un hospital especializado para brindar atención médica a los reclusos que resulten infectados por COVID-19. También se dará seguimiento a cualquier interno que presente síntomas, en coordinación con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).
«Entendemos que será difícil para las familias trasladarse de Cuautitlán a Neza pero eventualmente las visitas se cancelarán mientras dure la contingencia, estas medidas son por la seguridad y el bien de todos», concluye la funcionaria.
El estado de México tiene la población penitenciara más grande del país, con capacidad instalada de 13 mil espacios, para una población de 30 mil personas privadas de la libertad.